Las cada vez más presentes plataformas en streaming parecen estar dando las suficientes ventajas a los usuarios como para hacer que abandonen progresivamente la piratería. Mientras tanto, la justicia va a seguir asegurándose de acabar con los últimos resquicios de esta actividad ilegal. Hace unos meses, ya lo intentaron en el juicio de SeriesYonkis con un resultado no del todo definitivo para pagar las sanciones. Ahora, unas productoras han probado suerte con otra vía administrativa para exigir condenas que podrían concernir a cualquiera que lea este artículo y que pueden ser incluso tan ilegales como la actividad que pretenden sancionar.
El abogado especializado en derecho informático y propiedad intelectual David Bravo ha dado la voz de alarma en Twitter sobre unas cartas que están llegando por toda España a usuarios de redes de Internet en las que se les exige un pago por haber obtenido contenido audiovisual de manera ilegal. Esta sanción de unos 400 euros (100 por indemnización de cada contenido y 300 por gastos de reclamación) se ofrece como ultimátum antes de que las productoras de cine demandantes procedan a reclamar los datos personales del usuario a su compañía telefónica y así poder llevar la denuncia a juicio por piratería.
Esta estrategia llegó a España en el País Vasco, donde ya ha habido miles de afectados desde 2016 según eldiario.es. El abogado especialista en derechos digitales David Maeztu ha asegurado a este medio que todavía "es pronto" para intuir los posibles afectados por esta ola de cartas que se está extendiendo en ciudades como Madrid, Cádiz o Valladolid. Según Maeztu, el hecho de que las productoras demandantes estén pidiendo dinero y luego pasen la denuncia a los tribunales podría ser "una prueba pequeña para ver qué decía el juzgado". En Bilbao y Donostia hubo resoluciones dispares entre los usuarios de Euskaltel, por lo que es incierta cuál sera la reacción de Telefónica ante las cartas que ahora están recibiendo sus usuarios. En este hilo de Twitter, el abogado de La Rioja resume brevemente las claves de esta nueva ola tan que se está expandiendo.
Bueno, pues esto de perseguir a usuarios P2P en España se va a hacer gigante, un juzgado de lo mercantil de Madrid ha aceptado Diligencias Preliminares a instancia de Movistar. Si no se paga tienen un mes para demandar. https://t.co/TMoigxMRuA
? David Maeztu (@davidmaeztu) 13 de septiembre de 2019
Qué hacer en este caso
Algunos usuarios se pueden asustar por el hecho de que solamente haga falta su dirección IP para recibir una denuncia por piratería. Sin embargo, estos dos mencionados abogados ya han advertido en eldiario.es que esta estrategia de identificación del usuario no es válida a nivel legal y recomiendan no pagar la cantidad exigida, ya que el titular de la línea no tiene que ser el que consumió el contenido y tampoco se le puede acusar como colaborador en la infracción. Más aún, cualquier persona puede haberse conectado a la red Wi-fi. Así lo ha justificado un usuario de Twitter que ha recibido una denuncia por haberse descargado la serie 'Ash vs Evil Dead'... a las 5 y media de la mañana. La carta viene dirigida de las productoras de cine Voltage Pictures y Crystalis Entertainment.
Sobra decir que jamás he descargado esa serie. Conozco el tema porque tengo un tío de San Sebastián que es de Euskaltel y le hicieron la misma estafa. Lo que no me esperaba es encontrarme el mismo modus operandi en Badajoz y con Movistar.
? Iñaki Martínez (@deth_mage) 14 de septiembre de 2019
Ante esto, las alarmas han saltado al recordar las similares denuncias falsas por Copyright en Finlandia que llegaron a estafar miles de euros. De hecho, un usuario se ha preguntado en respuesta a este tuit cómo puede ser posible que te llegue una carta a tu domicilio personal con tus datos si el denunciante tan solo tiene tu dirección IP y quiere pedir tu nombre a la compañía telefónica como no pagues. De momento, los usuarios de Movistar son los que más cuidado tienen que tener y, en caso de que vean algunos de estos patrones, los abogados ya han avisado de la necesaria prudencia con la que tomarse estas (posibles) denuncias falsas. En el caso de que no lo sean, el procedimiento legal que están siguiendo las productoras parece no ser desde luego el más correcto, por lo que queda ver la reacción por parte de las compañías telefónicas a las que se les exigirá los datos de los usuarios.
